La Procuraduría General de la Nación ha formulado un pliego de cargos contra Javier Redondo Herrera, exasesor jurídico del establecimiento penitenciario Rodrigo de Bastidas de Santa Marta, por su presunta participación en la falsificación de documentos oficiales que facilitaron la liberación indebida de un recluso en diciembre de 2023. Según la investigación adelantada por el Ministerio Público, el 13 de diciembre de 2023, Redondo Herrera habría entregado al director del penal y al comandante de guardia una carpeta que contenía una orden de libertad y una certificación de antecedentes penales falsas, lo que permitió la liberación de Farid Andrés Zúñiga Ramos, quien se encontraba privado de la libertad. La liberación se hizo efectiva esa misma noche. Horas después de la liberación, las autoridades del penal, al notar irregularidades, verificaron la autenticidad de los documentos con el Juzgado de Ejecución de Penas y la Policía Nacional, constatando que dichos documentos no habían sido emitidos por estas entidades. La Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, mediante pruebas técnicas, determinó que los documentos falsificados no fueron enviados al correo oficial del penal, como habría afirmado el exasesor jurídico. La Procuraduría ha calificado la falta de Javier Redondo Herrera como gravísima a título de dolo, lo que podría acarrear sanciones severas. En Colombia, la falsificación de documentos públicos es un delito tipificado en el artículo 287 del Código Penal, que establece penas de prisión de 48 a 108 meses. Si la conducta es realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, la pena aumenta a entre 64 y 144 meses de prisión, además de una inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 180 meses. Este caso pone de manifiesto las vulnerabilidades en los procedimientos de seguridad de los establecimientos penitenciarios del país. La falsificación de documentos oficiales es una problemática que ha afectado a diversas instituciones en Colombia, comprometiendo la confianza en el sistema judicial y penitenciario. Las autoridades han reiterado la importancia de fortalecer los mecanismos de control y verificación para prevenir este tipo de irregularidades. Finalmente, la Procuraduría General de la Nación informó que continuará con el proceso disciplinario correspondiente y se espera que las autoridades judiciales tomen las medidas pertinentes para esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades a que haya lugar.     /Colprensa