Habitantes de la Sierra Nevada  y cuatro municipios del Magdalena viven en constante zozobra debido a la presencia de grupos armados ilegales, que imponen su dominio a través del miedo y la violencia. En el marco del I Comité de Justicia Transicional Departamental Ampliado, la Defensoría del Pueblo en Magdalena presentó un informe exhaustivo en el que expuso la preocupante situación de vulneración de derechos humanos en diversas comunidades del departamento. De manera particular, se hizo énfasis en el aumento del riesgo en municipios como Pueblo Viejo, Ciénaga, Zona Bananera y Pivijay, donde el recrudecimiento de la violencia y la presencia de grupos armados ilegales han convertido la vida de los habitantes en un constante estado de zozobra e incertidumbre. Durante la sesión, la Defensoría del Pueblo alertó sobre las condiciones de extrema vulnerabilidad en las que se encuentran las comunidades retornadas y la población civil en estos territorios. Según la entidad, las amenazas contra la vida e integridad de los habitantes se han intensificado en los últimos meses, generando un ambiente de miedo y desplazamientos forzados. Ante esta alarmante situación, se instó a las autoridades a actuar de manera inmediata y a diseñar estrategias que permitan mitigar el riesgo y garantizar la protección de la población. El informe detalló que recientemente cuatro personas fueron asesinadas en los municipios de Ciénaga y Pueblo Viejo en hechos que, según las denuncias de la comunidad, estarían relacionados con disputas territoriales entre grupos armados ilegales. Asimismo, en Pivijay, se han emitido alertas ante el riesgo de desplazamientos masivos como consecuencia de enfrentamientos y acciones extorsivas ejercidas por actores ilegales que buscan el control de la zona. Esta creciente ola de violencia ha provocado que muchas familias opten por abandonar sus hogares en busca de refugio en lugares más seguros, dejando atrás sus tierras y sus medios de sustento. Además de la creciente inseguridad, la Defensoría del Pueblo subrayó la importancia de que las entidades competentes garanticen una respuesta articulada y oportuna frente a la crisis humanitaria que atraviesan estos municipios. De acuerdo con la entidad, la falta de intervención inmediata podría agravar aún más la situación, generando mayores desplazamientos y una afectación profunda en la calidad de vida de la población. Por ello, se hizo un llamado a todas las instituciones responsables para que coordinen acciones que permitan restablecer el orden y brindar garantías de seguridad en los territorios en riesgo. A pesar de la gravedad de los hechos denunciados, hasta el momento la administración departamental no ha presentado un plan de acción claro y concreto para hacer frente a la crisis. Sin embargo, en las últimas horas, se confirmó el despliegue de unidades militares en la zona rural de Pivijay con el objetivo de brindar acompañamiento a la comunidad y reforzar las labores de seguridad en el área. Aunque esta medida representa un primer paso, la Defensoría insistió en la necesidad de adoptar estrategias integrales que no solo se enfoquen en la presencia militar, sino que también incluyan programas de asistencia humanitaria y atención psicosocial para las comunidades afectadas. Mientras tanto, los habitantes de estas regiones siguen viviendo en un ambiente de miedo e incertidumbre, esperando que las autoridades asuman un compromiso real con la protección de sus derechos y el restablecimiento de condiciones dignas en sus territorios. La Defensoría del Pueblo reiteró su compromiso de continuar vigilando la situación y elevando su voz ante los entes nacionales e internacionales, con la esperanza de que la comunidad reciba la atención y el respaldo que tanto necesita.