"Los costos fiscales de la presente iniciativa cumplen con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003 -el cual dice que el impacto fiscal debe ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo- en la medida en que se sujeten a las disponibilidades presupuestales de cada sector y entidad ejecutora”, se puede leer en el documento.
Sin embargo, el aval fiscal que firma la viceministra técnica de Hacienda, Juanita Villaveces, no especifica cuánto costaría el proyecto.
Si bien dice que una serie de artículos podrían tener un impacto fiscal potencial asegura que este estará condicionado a su reglamentación.
En concreto, dice que si bien los artículos que buscan ampliar la jornada nocturna e incrementar a 100 por ciento el recargo de los dominicales y festivos podrían conllevar en un principio a un incremento de los costos laborales y, por ende, de la informalidad y de la disminución de la generación de empleo, posteriormente la mayor remuneración llevaría a un aumento de la productividad.
“La mayor remuneración conlleva a un aumento de la productividad del trabajador al encontrarse motivado por el mayor pago, siendo este un efecto positivo sobre la productividad que podría compensar parcialmente los mayores costos. Además, se destaca que una mayor formalización, generación de empleo, productividad y crecimiento económico deriva en mayor recaudo tributario”, dice el concepto.
Sobre ese punto, también dice que su impacto fiscal se traduciría en que los contribuyentes podrían deducir estos costos de la base gravable del impuesto de renta, de modo que un aumento en los costos laborales permitiría a las empresas y a las personas naturales deducir un monto mayor del valor, reduciendo el ingreso fiscal y afectando negativamente el recaudo nacional.
Por otro lado, señala que los artículos que buscan incentivar la contratación a término indefinido propician la estabilidad laboral y los ingresos de la población ocupada. Al igual, los que piden mayor estabilidad laboral reforzada para las personas en embarazo, próximas a pensionarse o con alguna discapacidad propenden por garantizar y ratificar la estabilidad laboral de esta población altamente expuesta a la desvinculación laboral.
/ElTiempo