La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó este viernes al Estado colombiano a tomar medidas urgentes para frenar la violencia desatada por la arremetida militar del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra las disidencias de las extintas FARC y la población civil en Catatumbo, que han dejado al menos 60 muertos y más de 41.000 desplazados. Asimismo, el organismo internacional condenó “los graves hechos de violencia ocurridos en la región de Catatumbo, que han causado decenas de muertes y uno de los mayores desplazamientos forzados en la historia el país.” En su pronunciamiento, la CIDH advirtió sobre la responsabilidad estatal de proteger a la población civil y llamó a adoptar “una respuesta de seguridad humana holística” que aborde las causas estructurales del conflicto. “La paz es un requisito esencial para el pleno ejercicio y disfrute de los derechos humanos”, subrayó la CIDH, que instó a las autoridades a desarrollar una respuesta integral basada en los Acuerdos de Paz y en el Pacto Social por el Catatumbo. El organismo también pidió que cualquier medida sea implementada con el “consentimiento libre, previo e informado” de las comunidades afectadas, asegurando un enfoque con perspectivas de género, étnico-raciales y territoriales.

Las cifras

Los enfrentamientos entre grupos armados han dejado un saldo de al menos 41.236 personas desplazadas en municipios como San Calixto, Hacarí, Teorama y Tibú. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la mayoría de los desplazados se han movilizado hacia Ocaña (9.974), Cúcuta (15.086) y Tibú (12.362), generando una crisis de atención humanitaria en estas zonas. “La magnitud del desplazamiento ha colapsado los sistemas públicos de atención y ha llevado a muchas familias a buscar refugio en residencias privadas o incluso a cruzar la frontera hacia Venezuela”, señaló la CIDH. Además, más de 12.000 personas se encuentran confinadas en sus territorios, entre ellas 23 comunidades indígenas de los pueblos Bari y Yukpa. Según el organismo, la situación ha dejado a 46.000 niños y adolescentes sin acceso a educación. La CIDH recordó que la Defensoría del Pueblo emitió tres alertas tempranas en 2024 (No. 021-24, No. 026-24 y No. 007-24), advirtiendo sobre el riesgo de confrontaciones en territorios con baja presencia estatal y economías ilícitas. Sin embargo, a pesar de estas advertencias, los enfrentamientos se intensificaron.

La respuesta del Estado

El Gobierno informó que la Unidad Nacional de Protección (UNP) aprobó 140 esquemas de seguridad individuales y colectivos en el Catatumbo. Además, señaló que la Fuerza Pública ha intensificado operativos en la zona, incluyendo la destrucción de laboratorios de producción de cocaína y la captura de actores criminales. El presidente, Gustavo Petro, ordenó la emisión del Decreto No. 0062 de 2025, que establece el estado de conmoción interna para “garantizar el retorno seguro de las víctimas de desplazamiento forzado y su atención integral”. Paralelamente, la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, la Agencia de Renovación del Territorio y la Unidad de Víctimas anunciaron medidas para acelerar la implementación de los acuerdos de paz y brindar apoyo a excombatientes en riesgo. BOGOTÁ, (Colprensa).-