“Nosotros no estamos de acuerdo con ese cobro de valorización. Tendremos que hablar de cuánto se va a tardar todo este proceso, pero está claro que este corredor vial donde se pretende cobrar la contribución es una vía que está desde hace más de veinte años, incluso, hay unos tramos que ni siquiera están terminados y por eso la gente está molesta con este cobro”, dijo a EL HERALDO.

Agregó, además, que “la lucha jurídica sigue y estaremos al tanto de lo que pueda ocurrir esta semana”.

Es de anotar que la decisión que fue adoptada por el Tribunal Administrativo del Atlántico ante una acción popular presentada por el senador Carlos Meisel dejó en evidencia algunas deficiencias técnicas en el proceso tales como la falta de socialización que hubo y la afectación que pueden tener las comunidades étnicas que pertenecen a la zona de influencia.

A su turno, el diputado Camilo Torres aseguró que esta medida de suspensión es un triunfo de la legalidad y la participación ciudadana.

“La justicia frenó, de manera momentánea, un cobro injusto y arbitrario. El Tribunal Administrativo del Atlántico evidenció falta de socialización, deficiencia técnica, posible afectación a comunidades étnicas y posible vulneración de principios constitucionales en un proyecto que pretendía que las comunidades del Atlántico y Bolívar pagaran por obras inconclusas y con decisiones tomadas a espaldas del pueblo. Ahora debemos proteger esta decisión a como dé lugar”, comentó el asambleísta a través de sus redes sociales.

Mientras que el concejal Estefanel Gutiérrez, de Cambio Radical, respaldó las acciones que se han puesto en marcha para tumbar el cobro.

“Respaldamos a la bancada costeña, al alcalde Alejandro Char por apoyar esta causa desde la Secretaría Jurídica junto a la ciudadanía y los gremios empresariales. La suspensión de un cobro injusto que frenaba el desarrollo de nuestra región”, dijo el miembro del cabildo distrital.