Diecinueve exministros de Salud advirtieron este miércoles que la definición de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) 2025, establecida en la resolución 2717 de 2024, incumple los requisitos técnicos y legales exigidos por la Corte Constitucional, compromete la financiación suficiente del sistema de salud colombiano y afecta directamente la calidad de los servicios para millones de pacientes, al tiempo que exigieron al Gobierno un debate basado en evidencia y el cumplimiento estricto de la ley. El grupo de exministros señaló que la resolución 2717 de 2024, emitida por el Ministerio de Salud, se adoptó sin los estudios actuariales y financieros que ordena la normativa vigente, lo que vulnera principios de legalidad, transparencia y eficiencia en el gasto público. Según explicaron, esta ausencia de rigor técnico genera una insuficiencia de recursos que compromete la sostenibilidad financiera del sistema de salud. Juristas consultados concluyeron que la medida incurrió en falsa motivación y debilitó la seguridad jurídica del proceso. Los exfuncionarios destacaron que la ley y la Constitución obligan al Estado a garantizar una financiación adecuada para la atención en salud, lo que implica decisiones respaldadas por análisis precisos sobre las necesidades de la población y los costos reales de los servicios médicos. Ignorar estos fundamentos, afirmaron, pone en jaque el acceso oportuno a la salud y la calidad de la atención. La insuficiencia de recursos derivada de la UPC 2025 afectará directamente a los ciudadanos, advirtió el grupo. Retrasos en la atención, desabastecimiento de medicamentos, cierre de servicios y falta de acceso a atención especializada figuran entre las consecuencias previstas, lo que deteriorará la calidad de vida de millones de pacientes. “No es con informes sesgados y sin metodología que se toman decisiones tan complejas”, reclamaron los exministros en su comunicado oficial. La advertencia llega pocas horas después de que el Ministerio de Salud instalara una mesa técnica para estudiar el reajuste de la UPC, como ordenó la Corte Constitucional en el Auto 007 de 2025. Sin embargo, los exministros denunciaron que la convocatoria no cumple con los criterios de representatividad establecidos por el tribunal, lo que cuestiona su legitimidad. Señalaron que sin un análisis riguroso y transparente, será imposible garantizar recursos suficientes para cumplir los mandatos constitucionales. El grupo expresó preocupación por el progresivo desmantelamiento de la capacidad técnica del Ministerio de Salud, donde se pierde experiencia acumulada esencial para decisiones informadas. Este debilitamiento, afirmaron, plantea dudas sobre la idoneidad de las medidas adoptadas en los últimos años y amenaza la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Finalmente, los exministros instaron al Gobierno y al sector salud a priorizar un diálogo basado en evidencia, alejado de motivaciones políticas o improvisaciones. Reafirmaron que la salud de los colombianos no puede supeditarse a criterios partidistas y urgieron a la unidad en defensa de un sistema sanitario que garantice el derecho fundamental de la población.