Se destacó el rol de las mujeres en la reconciliación y estabilidad de comunidades afectadas por la violencia, según la Resolución 1325 de la ONU. Un total de 150 líderes feministas, representantes de colectivos, entes de control y autoridades civiles se dieron cita en Santa Marta para participar en la socialización del Plan de Acción Nacional de la Resolución 1325 de la ONU. Este encuentro permitió reflexionar sobre la importancia de la inclusión de las mujeres en la consolidación de la paz y la seguridad, especialmente en contextos de conflicto y postconflicto. A través de este tipo de espacios, se busca fortalecer la implementación de políticas públicas que garanticen su participación en la toma de decisiones y la protección de sus derechos en escenarios de violencia. El evento, realizado en el hotel Best Western de Santa Marta, reunió a colectivos y organizaciones sociales que trabajan activamente en la promoción de la equidad de género y la defensa de los derechos humanos. Entre los grupos participantes estuvieron Mujeres Paz y Seguridad, Red de Mujeres Jóvenes Constructoras de Paz y Tierra de Esperanzas, quienes compartieron sus experiencias y plantearon estrategias para fortalecer el liderazgo femenino en la construcción de paz. Durante la jornada, los asistentes analizaron el impacto de la Resolución 1325 en Colombia y resaltaron la necesidad de su implementación para garantizar la protección de las mujeres en medio de los procesos de reconciliación y reconstrucción social.

UN COMPROMISO CON LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

La Resolución 1325, adoptada en el año 2000 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es considerada un hito en la defensa de los derechos de las mujeres en tiempos de guerra y paz. Fue impulsada por Netumbo Nandi-Ndaitwah, entonces ministra de Asuntos de la Mujer en Namibia, y representa el primer documento legal que exige a los Estados y actores en conflicto garantizar la protección y participación de las mujeres en la resolución de conflictos y la reconstrucción postconflicto. Su adopción marcó un punto de inflexión en el derecho internacional, al reconocer el papel esencial de las mujeres en la prevención y resolución de conflictos, así como en la construcción de sociedades más estables y seguras. Este marco normativo subraya que las mujeres y los niños son las principales víctimas de los conflictos armados y que su exclusión de los procesos de paz compromete la estabilidad y la reconciliación a largo plazo. Además, resalta la necesidad de incorporar una perspectiva de género en los procesos de repatriación, reasentamiento, rehabilitación, reintegración y reconstrucción, con el fin de garantizar que las mujeres no sean marginadas ni queden en condiciones de vulnerabilidad durante la implementación de acuerdos de paz y planes de desarrollo postconflicto. La resolución también establece la obligación de los gobiernos y organismos internacionales de adoptar medidas efectivas para proteger a las mujeres en zonas de guerra, evitar la violencia de género y promover su liderazgo en la resolución de disputas.

RETOS Y OPORTUNIDADES

Durante la socialización, se hizo énfasis en la urgencia de fortalecer el papel de las mujeres en la toma de decisiones sobre paz y seguridad. Líderes y representantes de colectivos coincidieron en que su participación en estos ámbitos no solo es una cuestión de equidad, sino un factor determinante para la consolidación de una paz sostenible. Se destacó la importancia de generar políticas públicas y estrategias que permitan a las mujeres acceder a espacios de liderazgo dentro de los procesos de negociación y reconstrucción social, asegurando que sus voces sean escuchadas y sus necesidades atendidas.