El Concejo de Santa Marta llevará a cabo un control político sobre la demolición de viviendas en el barrio Garagoa, ocurrido en los primeros días de febrero, con el fin de investigar las circunstancias en las que se ejecutó el procedimiento, los parámetros legales que se siguieron y los responsables involucrados en la venta de los terrenos. Según los cabildantes, alrededor de 20 familias podrían haber sido víctimas de fraude por parte de actores criminales, las cuales se habrían aprovechado de la confianza de los afectados, vendiéndoles terrenos que, en realidad, pertenecen al Distrito de Santa Marta. En ese sentido, con miras en esclarecer los hechos, los cabildantes aprobaron la proposición 026 con 17 votos a favor para realizar un debate político el próximo 2 de abril a las 8:00 de la mañana, con el que se buscará obtener respuestas sobre las responsabilidades en este caso. Es así como los concejales han manifestado su compromiso de investigar a fondo las irregularidades y determinar los responsables de este hecho que ha dejado a muchas personas en una situación vulnerable.

LOS CITADOS

En este contexto, fueron convocados a la Corporación Edilicia la Secretaría de Planeación, el Secretario de Gobierno, el Secretario de Infraestructura y el Inspector de Policía de Mamatoco, con el fin de que proporcionarán explicaciones sobre los hechos ocurridos recientemente, permitiendo una rendición de cuentas ante la comunidad.

PREGUNTAS PARA LOS CITADOS

Las preguntas dirigidas a los citados serán fundamentales para esclarecer el proceso de desalojo y demolición de varias viviendas en la zona. En primer lugar, se buscará determinar el estado jurídico del predio donde ocurrieron estos hechos, ya que es crucial entender si existían irregularidades legales en la ocupación del terreno. Además, se cuestionará cuántas casas, viviendas, locales e iglesias fueron demolidas durante el proceso, con el objetivo de conocer el alcance de la medida y sus repercusiones en la comunidad afectada. Finalmente, se indagará sobre la persona o entidad responsable de la orden de demolición, con el fin de identificar a los responsables de tomar decisiones que llevaron a la pérdida de propiedades y a la afectación de los habitantes de la zona.