El contralor general del Magdalena, Alberto Mario Garzón Wilches, anunció que interpondrá una Acción Popular contra la Nueva EPS debido a sus reiterados incumplimientos en el pago de obligaciones económicas a la red hospitalaria pública del departamento. Esta medida tiene como objetivo salvaguardar los recursos destinados a la prestación de servicios de salud y garantizar el derecho fundamental de los ciudadanos a recibir atención médica de calidad. La decisión del ente de control se sustenta en los graves problemas financieros que enfrenta la red pública hospitalaria del Magdalena como consecuencia de la morosidad de la Nueva EPS. A pesar de la intervención realizada en abril de 2024 por la Superintendencia Nacional de Salud, la entidad promotora de salud no ha cumplido con los compromisos establecidos, afectando a las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) y poniendo en riesgo la atención de miles de usuarios.

UNA CRISIS QUE SE AGRAVA

De acuerdo con un informe de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, la deuda hospitalaria en el país ha alcanzado los 16,8 billones de pesos, siendo la Nueva EPS la principal deudora, con obligaciones pendientes por 2,8 billones de pesos y una morosidad del 44,7%. Este panorama ha generado una crisis financiera en el sistema de salud, impactando directamente la operatividad de los hospitales públicos en el Magdalena y dificultando la prestación de servicios esenciales. El contralor Garzón Wilches advirtió que esta situación vulnera el derecho a la salud de los ciudadanos y transgrede las normativas vigentes en materia de aseguramiento y solvencia financiera de las EPS. "Los hospitales públicos del Magdalena dependen de estos recursos para garantizar la atención médica a la población. La falta de pago de la Nueva EPS compromete la calidad del servicio y pone en riesgo la vida de miles de usuarios", afirmó.

PARA PROTEGER EL PATRIMONIO PÚBLICO

La Contraloría del Magdalena, en ejercicio de sus funciones de control fiscal, ha iniciado el proceso de agotamiento del requisito de procedibilidad para interponer la acción popular. Esta herramienta legal permitirá exigir a la Nueva EPS el cumplimiento de sus obligaciones y la adopción de medidas correctivas para evitar mayores perjuicios a la red hospitalaria del departamento. El ente de control recordó que, según el artículo 125 de la Ley 1474 de 2011, los órganos de control fiscal tienen la facultad de interponer acciones constitucionales y legales ante las autoridades administrativas y judiciales cuando se detecte un quebrantamiento del principio de legalidad en el manejo de los recursos públicos. En este sentido, la Contraloría exige a la Nueva EPS acatar lo dispuesto en la Resolución No. 2024160000003012 del 3 de abril de 2024, emitida por la Superintendencia Nacional de Salud. Dicha resolución establece la obligación de la EPS de conciliar, depurar y pagar las deudas pendientes con los prestadores de servicios de salud en el Magdalena. La acción popular que presentará la Contraloría del Magdalena busca no solo garantizar el flujo de recursos a los hospitales públicos, sino también sentar un precedente para que las EPS cumplan con sus compromisos financieros y se eviten nuevas crisis en el sistema de salud.