Inexplicablemente las tres últimas administraciones del municipio no hicieron gestión para contener la deuda. El municipio de Ariguaní, enfrenta una crisis sin precedentes debido a una deuda de aproximadamente $12.000 millones con la empresa Afinia. La falta de pago ha llevado a la suspensión del suministro de energía en las instalaciones del acueducto, lo que ha afectado el acceso al agua potable de más de 40.000 habitantes. Es una deuda acumulada de las últimas tres administraciones demuestra de cuerpo entero que poco o nada se hizo por atender o sanear dicha oblgación. Y ha sido esa falta de pago que ha llevado a la suspensión del suministro de energía en las instalaciones del acueducto, lo que ha afectado el acceso al agua potable de más de 40.000 habitantes. Ante esta crítica situación, la alcaldesa de Ariguaní, María Paola Álvarez, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que intervenga y ayude a encontrar una solución viable. Según la mandataria, la deuda acumulada se debe a las limitaciones presupuestarias del municipio, que es de sexta categoría y no cuenta con los recursos suficientes para cubrir el pago en su totalidad. “La suspensión de la energía no solo afecta el suministro de agua, sino que también pone en peligro la salud y el bienestar de nuestra comunidad. El derecho fundamental a la vida de nuestros ciudadanos está siendo violado. No podemos permitir que los ariguanenses se queden sin acceso al agua por una deuda que, por nuestras limitaciones financieras, no podemos saldar de inmediato”, manifestó la alcaldesa Álvarez.

EXIGENCIAS DE AFINIA

A pesar de la disposición de la administración municipal para llegar a un acuerdo con la empresa de energía, la alcaldesa aseguró que las condiciones impuestas por Afinia son inasumibles en las circunstancias actuales. Explicó que el municipio ha intentado gestionar soluciones de pago, pero las exigencias económicas de la empresa superan la capacidad financiera de Ariguaní. Además, la mandataria advirtió que si no se encuentra una solución con prontitud, la crisis podría agravarse y desencadenar una emergencia social de gran magnitud. La falta de agua potable no solo afecta el consumo diario de la población, sino que también repercute en hospitales, colegios y otros establecimientos esenciales para la comunidad. Por ello, reiteró su llamado al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a otras entidades nacionales y departamentales para que intervengan de manera inmediata. Según la alcaldesa, es necesario establecer un mecanismo de financiamiento o subsidio que permita garantizar la continuidad del servicio de agua en el municipio sin afectar su ya limitada estabilidad económica.

ALTO COSTO DE LA ENERGÍA

Uno de los factores que ha llevado al endeudamiento del municipio es el elevado costo de la energía necesaria para operar el sistema de acueducto. Según la Alcaldía, Ariguaní no cuenta con fuentes hídricas en su cabecera municipal, por lo que debe abastecerse del río Ariguaní, ubicado a más de 30 kilómetros de distancia. El transporte del agua requiere de tres estaciones de bombeo que funcionan las 24 horas del día, las cuales dependen completamente del suministro de electricidad proporcionado por Afinia. Este alto consumo energético ha generado facturas elevadas que, sumadas con los recursos limitados del municipio, han hecho que la deuda crezca hasta niveles insostenibles. “La comunidad no tiene la culpa de esta situación. La geografía del municipio nos obliga a depender de un sistema costoso, pero es un servicio fundamental. No podemos permitir que miles de personas sufran por la falta de agua mientras buscamos soluciones”, explicó Álvarez. Ante este panorama, la administración municipal espera una pronta respuesta del Gobierno para evitar que la crisis empeore y garantizar el bienestar de la población afectada.

RECONEXIONES ILEGALES

En medio de la crisis, la empresa Afinia denunció que un grupo de personas identificadas reconectó ilegalmente el sistema de energía en cinco acueductos del municipio, lo que la compañía calificó como un acto delictivo. A través de un comunicado, la empresa informó que tomará medidas legales contra los responsables y advirtió que estas acciones ponen en riesgo la infraestructura eléctrica, el sistema de acueducto y la seguridad de la comunidad. “Tras agotar todas las opciones para evitar esta situación, lamentamos que la comunidad reaccione de esta manera en lugar de exigir soluciones a la Administración municipal, responsable del pago de los servicios”, indicó Afinia en su pronunciamiento. Según la compañía, las reconexiones ilegales pueden generar fallas en el sistema eléctrico, sobrecargas y posibles accidentes, lo que podría agravar aún más la crisis. Por esta razón, Afinia insistió en la necesidad de una solución legal y sostenible que garantice la prestación del servicio sin afectar la seguridad de la población. Mientras tanto, los habitantes de Ariguaní siguen a la espera de una respuesta por parte del Gobierno Nacional que permita resolver esta problemática y evitar que la crisis sanitaria y social se extienda en el municipio.