En medio de la tensión entre el Ejecutivo y el poder judicial, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez aclaró que las decisiones del alto tribunal se basan en la Carta Magna y no en intereses políticos El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, recientemente designado como presidente de la Corte Constitucional, se pronunció sobre la relación entre el alto tribunal y el Gobierno nacional. En un contexto de tensiones entre el Ejecutivo y el poder judicial, el togado reiteró que la Corte actúa con independencia y sin intenciones políticas. “Sin pretender convertirnos la Corte en un opositor de las autoridades ni del Congreso ni del gobierno, porque no somos un partido político, menos un partido de oposición, sino que somos un tribunal judicial que tiene su cargo cumplir las funciones que nos han encomendado y la misión nuestra es guardar la integridad y la supremacía de la Constitución”, declaró Ibáñez en una entrevista para la revista Cambio. El magistrado explicó para la revista mencionada que, aunque algunas decisiones del tribunal generaron controversia y reacciones adversas por parte de distintas autoridades, el trabajo de la Corte se basa en la interpretación estricta de la Constitución. “Lo que hemos hecho es garantizar que la ley o el decreto con fuerza de ley, sea expedido en ejercicio de facultades extraordinarias o con motivo de un estado de excepción, se someta íntegramente a la Constitución”, afirmó.

LLAMADO A LA REFLEXIÒN

El presidente de la Corte Constitucional hizo un llamado a la reflexión y a la calma en el debate público, especialmente ante la rapidez con la que se emiten juicios en redes sociales y medios de comunicación, sin conocer el alcance de las decisiones judiciales: “Antes de que asumamos una postura en relación con una decisión, leamos el contenido de la decisión”. Sobre la relación con el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, Ibáñez detalló que el respeto por la institucionalidad era fundamental: “Nosotros tenemos que respetarlo como lo respetamos y tenemos que garantizar para además que él ejerza sus funciones conforme la Constitución lo establece”. En ese sentido, destacó la importancia de mantener la autonomía de cada poder del Estado, pero trabajando en armonía para el cumplimiento de los fines del Estado. “Y el propio presidente ha sido respetuoso finalmente con esas decisiones y se da una respuesta razonada, tranquila y serena frente a una decisión que efectivamente han leído. Eso es lo que yo he visto en el curso del año pasado”, agregó el togado durante la entrevista con la mencionada revista. El magistrado también abordó la reciente polémica sobre la posibilidad de que los magistrados se posesionen ante su propia Corte y no ante el presidente de la República. Según explicó, esta medida no fue una reacción contra el Gobierno, sino una decisión judicial basada en la ley estatutaria de la administración de justicia. “Algunos pensaron que eso era una reacción negativa al jefe del Estado [...], pero faltó que antes le dijera que era una decisión judicial y, al mismo tiempo, que no se trataba de una reacción en contra del Gobierno”, señaló. Además, destacó en una entrevista con la revista Semana la independencia de la institución, de sus magistrados y de todos sus integrantes. “Yo doy fe de que ninguno acá viene a actuar como agente de un determinado grupo de interés o de determinado sector gubernamental o de otra naturaleza, porque aquí cada uno asume su función con independencia, con autonomía, con imparcialidad y con un rigor jurídico, que nos permite cumplir adecuadamente nuestras funciones”, señaló. “Yo no tengo ningún interés político de ninguna naturaleza y por lo mismo no hay ningún choque entre mis principios y valores, con los principios y valores que tenga cualquier otra autoridad, incluido el señor presidente de la República”, agregó durante la entrevista con la fuente citada.

LISTA LA PONENCIA PARA EL DEBATE DE REFORMA PENSIONAL

El magistrado y presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, confirmó que tiene lista la ponencia sobre el debate de la reforma pensional, la cual será discutida en la Sala Plena de la Corte en las próximas semanas. Esta reforma, aprobada el año pasado, enfrenta más de 50 demandas que cuestionan diversos aspectos del trámite legislativo. Según Ibáñez, la ponencia será radicada esta semana, a más tardar el viernes, y la Sala Plena estudiará el caso dentro de un plazo de cuatro a cinco semanas. Entre las demandas presentadas, destacan los cuestionamientos sobre el proceso legislativo de la reforma, en particular, la decisión tomada en la Cámara de Representantes de aprobar el texto del Senado sin un debate detallado. Esta práctica, conocida como "pupitrazo", está siendo evaluada por la Corte Constitucional, que tendrá que determinar si este procedimiento vulneró el principio democrático estipulado en la Constitución, en particular el artículo 157. La controversia se originó el 14 de junio de 2023, cuando la Cámara de Representantes aprobó el texto del Senado sin que hubiera una deliberación extensa sobre los cambios introducidos. La senadora Paloma Valencia, quien presentó una de las demandas, alegó que la votación del texto fue realizada sin el debate debido, lo que impidió que los congresistas pudieran discutir adecuadamente los puntos clave de la reforma. Según los argumentos expuestos en las demandas, la ausencia de un debate más amplio en la Cámara contraviene el principio democrático que requiere una deliberación pública sobre los proyectos legislativos. La Corte Constitucional deberá decidir si este vicio de trámite puede ser subsanado o si, por el contrario, representa una infracción que justifique la devolución del proyecto al Congreso.

EVALUACIÓN

En este contexto, la Corte también está evaluando otros precedentes legales, como la decisión de 2019, cuando se anuló la Ley de Financiamiento de Duque por haber sido aprobada mediante un proceso similar en la Cámara. En el caso de la reforma pensional, el texto fue publicado con anticipación, lo que podría representar un argumento a favor de su legalidad. Además del cuestionamiento sobre el trámite, las demandas también abordan el contenido de la reforma pensional, como la creación de un régimen pensional especial para pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas y campesinas. Este artículo está siendo demandado por supuestas violaciones al artículo 48 de la Constitución, que prohíbe la creación de regímenes pensionales especiales. Si la Corte decide devolver la reforma al Congreso para su último debate, esto podría generar nuevos retos legislativos, como la posibilidad de que se alteren los plazos y las propuestas iniciales del proyecto. En caso de que las modificaciones sean suficientes, las demandas de fondo sobre los artículos específicos podrían ser reconsideradas por la Corte. En otro ámbito relacionado, la Corte Constitucional también resolvió la recusación presentada por la senadora Paloma Valencia contra el magistrado Vladimir Fernández, quien había ocupado el cargo de asesor jurídico en la Presidencia de la República cuando la reforma pensional fue radicada en 2022. La Corte desestimó la recusación, argumentando que fue interpuesta fuera de plazo y carecía de fundamento suficiente. La decisión de permitir que el magistrado Fernández participe en los debates de la reforma pensional implica que el proceso continuará sin cambios en la composición de los magistrados encargados de resolver las demandas