En medio del Estado de Conmoción Interior declarado a causa de la crisis humanitaria que se vive en Catatumbo, Norte de Santander, el Ministerio de Defensa ha anunciado una serie de medidas para garantizar el orden público y seguridad de sus habitantes. Entre ellas, el presidente Gustavo Petro tendrá la tarea de designar a un comandante militar que ejercerá el control operacional sobre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en las zonas afectadas. "El alto oficial tendrá la responsabilidad de planear, coordinar y conducir operaciones militares y policiales necesarias para conjurar las causas de la perturbación al orden público e impedir la extensión de sus efectos", explicó la cartera de defensa. Pero también deberá articular los servicios de inteligencia y contrainteligencia de la Fuerza Pública para contrarrestar la situación de orden público, al igual que coordinar el cumplimiento de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional. Asimismo, se podrá suspender temporalmente la vigencia de permisos de porte de armas de fuego en las zonas afectadas. El Ministerio de Defensa reitera su compromiso con la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, y asegura que todas las operaciones se llevarán a cabo con el máximo respeto a los derechos humanos y las normas internacionales. La nueva oleada de violencia que impacta a los 11 municipios que conforman el Catatumbo: Ocaña; Abrego; El Carmen; Convención; Teorama; San Calixto; Hacarí; La Playa; El Tarra; Tibú y Sardinata, comenzó el pasado 15 de enero. Ese día asesinaron a Miguel Ángel López, el único funerario de Tibú y su familia, incluido su bebé de seis meses. Y aunque se dijo que ese habría sido el detonante de la guerra, el presidente Gustavo Petro reveló las verdaderas intenciones del ELN: Desde hace un mes, ese grupo movió tropas desde el departamento de Arauca, por Venezuela, para orquestar una guerra planeada. Desde que empezaron los enfrentamientos, estos han dejado un saldo de al menos 60 personas muertas y 41.236 personas desplazadas en municipios como San Calixto, Hacarí, Teorama y Tibú. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la mayoría de los desplazados se han movilizado hacia Ocaña (9.974), Cúcuta (15.086) y Tibú (12.362), generando una crisis de atención humanitaria en estas zonas. “La magnitud del desplazamiento ha colapsado los sistemas públicos de atención y ha llevado a muchas familias a buscar refugio en residencias privadas o incluso a cruzar la frontera hacia Venezuela”, señaló la CIDH. Además, más de 12.000 personas se encuentran confinadas en sus territorios, entre ellas 23 comunidades indígenas de los pueblos Bari y Yukpa. Según el organismo, la situación ha dejado a 46.000 niños y adolescentes sin acceso a educación.