La Fiscalía General de la Nación radicó un escrito de acusación en contra de Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, por su presunta participación en los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. Los elementos probatorios recopilados por el ente acusador apuntan a que, en octubre de 2023, Ortiz habría recibido la suma de 3.000 millones de pesos de los exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, para luego entregarlos al entonces presidente del Congreso, Iván Leonidas Name Vásquez. Según la Fiscalía, los dineros corresponderían al pago de coimas por contratos gestionados durante su período en la función pública. De acuerdo con la investigación, los exdirectivos de la UNGRD formaban parte de una “organización criminal” que aprovechó las declaraciones de desastre nacional y calamidad pública emitidas por el Gobierno para direccionar contratos a cambio de sobornos. La red, liderada por López y Pinilla, habría desviado millonarios recursos destinados a la gestión de emergencias, entre ellos los 3.000 millones de pesos entregados a Name, quien ha sido señalado en varias ocasiones en el marco de este caso. Además de Ortiz, quienes también enfrentan cargos son Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes, según la Fiscalía, dirigían la estructura delictiva dentro de la UNGRD. En el caso también están involucrados empresarios como Luis Eduardo López, conocido como “El Pastuso”, quien operaba una red de más de 30 empresas involucradas en los contratos corruptos. La exconsejera fue señalada de facilitar el pago de sobornos y, en su defensa, expresó que está dispuesta a colaborar con la justicia y esclarecer los hechos. En varias declaraciones previas, Ortiz no negó ni confirmó las acusaciones, pero sí dejó claro que está dispuesta a revelar “toda la verdad” cuando se le brinden las garantías necesarias. El caso escaló en importancia política, ya que además de Name, han sido vinculados otros funcionarios de alto rango, entre ellos exministros y exdirectores de entidades del Gobierno. La exfuncionaria también manifestó que personas cercanas al presidente Gustavo Petro estarían involucradas, aunque sin precisar nombres. El 18 de diciembre, un juez ordenó la detención preventiva de Sandra Ortiz en una guarnición militar como medida cautelar. La Fiscalía considera que la exfuncionaria es un eslabón clave dentro del entramado de corrupción que afectó a la UNGRD, y su detención se mantiene vigente mientras avanza el proceso judicial. La defensa de Ortiz apeló la decisión de la jueza, pero no logró que se le otorgara la libertad. /Colprensa